En la región SICA, la migración forma parte de las dinámicas socioeconómicas y ambientales de los países, teniendo también significativas implicaciones en el ámbito político y cultural de estos. Los flujos migratorios se mueven dentro y fuera de la región en búsqueda de oportunidades laborales, pero también forzados por, situaciones de violencia —incluida la violencia de género— y ambientales entre otros, de allí que se cataloguen como flujos mixtos a los que también se suman dinámicas propias de las personas retornadas.
Para abordar de mejor manera los flujos migratorios, en los últimos años se ha estado llevando a cabo, entre otros esfuerzos, un complejo proceso global para la implementación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, adoptado en diciembre de 2018, que contribuye con la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, en especial, con las metas asociadas con el bienestar de las personas migrantes.
Ante este contexto, la SISCA, el Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ y la Organización Internacional del Trabajo, con el apoyo de la República de China (Taiwán) buscan abonar a través del webinario “Migración y empleo en época de COVID-19”, a la iniciativa de formulación de un Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia para la región SICA.
Este Plan tiene como objetivo “articular las respuestas públicas de las políticas sociales, laborales y de asentamientos humanos de los países integrantes del SICA con una perspectiva de integración regional, en las fases de reactivación social y económica post-COVID”. Concibe como ámbitos de trabajo la prestación de servicios de protección social de manera que se logre avanzar hacia su universalización, la empleabilidad y el empleo mediante modelos sostenibles de desarrollo y los asentamientos informales y desarrollo urbano sostenible, todos con una perspectiva de integración regional.
Durante el webinario, Félix Ulloa, Vicepresidencia de El Salvador, expresó “La pandemia nos ha cambiado todas las proyecciones, los planes, vamos a tener que ajustarnos a esta nueva normalidad. Otra de las lecturas de la migración es el significado de los aportes que hace la fuerza migrante a la economía a través de las remesas, un tema de gran preocupación para este Gobierno, por la reducción sustancial del flujo de remesas a causa de la pandemia”.
La OIT estima que casi 2.200 millones de trabajadores, que representan el 68 por ciento de la fuerza de trabajo mundial, están viviendo en países en los que se recomienda o impone el cierre de los lugares de trabajo. Los trabajadores migrantes constituyen el 4,7 por ciento de esta fuerza de trabajo mundial integrada por 164 millones de trabajadores, la mitad de los cuales son mujeres (OIT, 2020). Los trabajadores migrantes suelen ser los primeros en ser despedidos, a menudo se les excluye de las respuestas de política nacionales al COVID-19, como los subsidios salariales, las prestaciones de desempleo o las medidas de seguridad social y de protección social. En los casos en que está disponible el acceso a la realización de pruebas del COVID-19 o al tratamiento médico, tal vez no se presenten por temor a ser detenidos o deportados, en particular los que se encuentran en una situación irregular (OIT, 2020).
Y es que según Adriana Hidalgo, Especialista en Migración de la OIT, hoy más que nunca es importante la coherencia entre políticas migratorias y laborales, la participación de las organizaciones empleadoras y trabajadores para analizar las necesidades de mercados de trabajo y promover acuerdos de movilidad laboral para trabajadores esenciales.
“Es fundamental para recuperarse, comenzar con la implementación de planes de regularización de los trabajadores migrantes, adoptar medidas de largo plazo, planes que puedan favorecer la creación de rutas legales”, manifestó Matteo Villa, investigador del ISPI - Istituto per gli studi di politica internazionale
"La región debe transitar hacia la formulación de políticas migratorias de largo plazo que se articulen con las políticas socioeconómicas”, abonó Carmen Moreno González, Directora de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana.
Por otro lado, ante las inequidades y las vulnerabilidades que enfrentan ciertos grupos de población, entre estos las personas migrantes y en particular las mujeres.
“Necesitamos fortalecer en la región los sistemas de registro y documentación migratoria laboral intrarregional que contribuya a la realización de procesos de contratación, desde una perspectiva de trabajo decente para las mujeres. Para avanzar en la gobernanza de las migraciones intrarregionales desde un punto de vista ordenada, segura y regular, es necesario el impulso urgente y sistemático de programas de regularización migratoria en la región, con énfasis en poblaciones especialmente vulnerables como las mujeres y sus familiares”, Irene Palma, Directora Ejecutiva del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes).
Sin embargo, “La Gobernanza de las migraciones es un desafío que no logramos operar a través de un análisis integral, donde los temas de derechos humanos, lo temas laborales, seguridad humana, puedan ponerse en el mismo paquete y desarrollar una institucionalidad que responda adecuadamente con una visión multisectorial. El desafío es grande, a nivel de la institucionalidad de la integración centroamericana todavía tenemos que revisar cuáles son las estrategias y sumarle a ello, la implementación de políticas como el PAIM, que se está impulsando en la región, así como articular diferentes políticas migratorias en Centroamérica”, abonó Jorge Peraza, Jefe de Misión de la OIM El Salvador, Guatemala y Honduras.
Para la región la migración laboral tiene un papel relevante que debe ser abordado de manera pluridimensional y que, en el contexto de COVID-19, toma especial relevancia.
Según César Castillo, del Observatorio de Migraciones Internacionales de Flacso Honduras, el 75% de los migrantes retornados manifiestan que su expectativa es volver a la ruta migratoria, por lo que destaca que después del confinamiento se espera un rebrote del tema migratorio, “habrán mayores condiciones de pobreza y con la contracción económica que no sabemos hasta cuándo durará, la migración ya no será un derecho humano o una opción sino una obligación o la única opción para la población”, comentó.
Cada vez se vuelve más necesaria la definición de lineamientos y mecanismos para la reinserción sociolaboral de las personas retornadas y la integración de las personas migrantes, incorporando aspectos como la certificación de competencias, el reconocimiento de títulos académicos, la articulación con la empresa privada e incorporación de la población en los sistemas de protección social, enfatizando en las mujeres jefas de hogar. Al mismo tiempo, en la creación de mecanismos para una migración regular basada en las demandas del mercado de trabajo y una migración segura, con total protección de la salud de las y los trabajadores y reconociendo sus derechos laborales, con especial atención a los sectores en los que predominan las trabajadoras migrantes, como el trabajo doméstico.
“Es importante que en el Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia, se incorpore una vertiente que apoye el tema de la gobernanza de las migraciones laborales y el reforzamiento de las vías legales para la migración", comentó Francesco Chiodi, Coordinador del área de políticas sociales del Programa de la Unión Europea para la Cohesión Social en América Latina EUROsociAL+.
En línea con lo anterior y desde un enfoque de articulación regional, el Plan de Recuperación, Reconstrucción Social y Resiliencia para la región SICA, con la meta de no dejar a nadie atrás, tendrá un gran reto en considerar a la población migrante y retornada en las dinámicas de recuperación, con énfasis en las mujeres migrantes, y buscar la forma de limitar la caída de las remesas y aprovechar su aporte en la reactivación de la economía local.